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La investigación del escándalo arbitral que salpica al FC Barcelona dio un salto este jueves con el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), situado en la sede de la Federación Española de Fútbol ya debilitada por el caso Rubiales.
La Guardia Civil irrumpió en la mañana del jueves en los despachos del CTA, a las afueras de Madrid, para realizar un registro, aunque no se preveía ninguna detención, de acuerdo con fuentes del cuerpo.
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Los agentes acudieron siguiendo órdenes del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, encargado de la investigación del conocido como 'caso Negreira', en torno a unos supuestos pagos del Barça a empresas de José María Enríquez Negreira, quien fuera el número dos de los árbitros españoles durante 25 años.
Casi al mismo tiempo se sabía que su titular, el magistrado Joaquín Aguirre, ha decidido imputar además a los investigados, entre los que se encuentra el FC Barcelona y varios de sus exdirigentes, por un supuesto delito de cohecho.
Para el juez, que "el FC Barcelona pagó a través de sociedades interpuestas a uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros" es un "hecho no negado y acreditado documentalmente", de acuerdo con el auto publicado este jueves.
En el documento, el magistrado indica que estos pagos que se alargaron presuntamente "durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70.000 € iniciales hasta los 700.000€ anuales", y cesaron cuando Negreira salió del cargo en 2018.
"Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual", indicó.
"De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español", agregó añadiendo que serán las investigaciones de la Guardia Civil las que podrán confirmar estos extremos.
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- "Consciencia" -
El llamado 'caso Negreira', que lleva convulsionando desde hace meses el fútbol español, subió de nivel en marzo, cuando la fiscalía de Barcelona presentó una denuncia por corrupción entre particulares contra el club catalán y varios de sus exdirigentes, como los expresidentes Sandro Rosell o Josep Maria Bartomeu.
La querella también se dirigía contra José María Enríquez Negreira y alguna de sus empresas, a través de las que habría cobrado más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.
El Barça cesó en sus pagos en 2018 por la salida de Negreira del CTA, cuando el ahora exdirigente de la Federación, Luis Rubiales, remodeló el organismo a su llegada al cargo, de acuerdo con la investigación.
El fin de esta presunta relación económica habría enfurecido a Negreira, quien envió una carta al entonces presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, indicándole que si no seguía con el pago revelaría informaciones dañinas para el club.
"De esto último se desprende que E.N. tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad", expone el juez instructor en su último auto.
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